Por: Carol G. Martínez Medina
La pandemia de COVID-19 se convirtió en un punto de inflexión global, un espejo que reflejó con crudeza tanto las fortalezas como las fragilidades de nuestros sistemas de salud y a nivel mundial.
Más allá de la emergencia, dejó al descubierto la urgente necesidad de repensar la promoción de la salud desde una perspectiva más amplia, inclusiva y sensible a los contextos sociales y culturales de cada población.
Este desafío implicó mucho más que reforzar estructuras; exigió una transformación profunda en la forma de concebir la salud pública.
Integrar las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no solo otorga coherencia a las estrategias, sino que permite construir una narrativa más sólida donde la salud se asume como un derecho humano fundamental, inseparable del desarrollo social y económico.
En este nuevo paradigma, fortalecer significa dotar a los sistemas de herramientas sólidas para anticiparse y responder eficazmente; rehacer implica adaptar enfoques para que sean culturalmente pertinentes, accesibles y sostenibles; y ampliar supone reconocer los determinantes sociales y comerciales que condicionan la salud y actuar desde la intersectorialidad.
La promoción de la salud, por tanto, ya no puede verse como un complemento, sino como el eje articulador de políticas públicas más justas, integradoras y comprometidas con la equidad. Porque construir sociedades resilientes no se trata únicamente de resistir las crisis, sino de aprender de ellas, transformar sus lecciones en acciones concretas y, sobre todo, garantizar que la vida digna y el bienestar común estén siempre en el centro de la respuesta.
