La reciente aprobación en segunda lectura del proyecto de ley que exige la colocación del valor energético de los alimentos en restaurantes y otros establecimientos de venta de comida, plantea un dilema crucial: ¿será este un paso tangible hacia una alimentación más informada y saludable, o simplemente una ilusión de regulación sin aplicación efectiva?
En una sociedad donde las frituras, pica pollos, empanadas y otros alimentos se venden en prácticamente cada esquina, la implementación de esta normativa plantea desafíos considerables. Si bien la intención de establecer reglas claras para identificar el valor calórico de los alimentos es loable, surgen dudas sobre cómo se llevará a cabo esta medida en la práctica.
¿Qué garantía existe de que estos establecimientos, muchos de ellos informales, cumplirán con la normativa? ¿Cómo se asegurará que los vendedores callejeros, que son parte intrínseca de la cultura y economía del país, cumplan con esta disposición? Estas preguntas se vuelven aún más relevantes cuando consideramos la falta de recursos y capacidad de supervisión de las autoridades correspondientes.
Más allá de la aprobación del proyecto de ley, es crucial considerar su viabilidad y efectividad en el contexto dominicano. ¿Fue consultado el Ministerio de Salud Pública, entidad encargada de garantizar la seguridad alimentaria, en la elaboración de esta normativa? ¿Se contempló la creación de una mesa técnica con la participación de expertos en nutrición y salud pública para abordar estos desafíos de manera integral?
Sería fundamental que instituciones como el Ministerio de Salud Pública, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), así como organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se involucren en la formulación y supervisión de esta medida. Solo así se podría garantizar un enfoque multidisciplinario y una implementación efectiva.
Es evidente que la cultura del dominicano no está acostumbrada a leer etiquetas nutricionales, y esto plantea un desafío adicional en la implementación de esta medida. ¿Cómo se logrará que los consumidores comprendan y utilicen esta información para tomar decisiones más saludables? ¿Qué estrategias educativas se implementarán para fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de una alimentación balanceada?
En última instancia, la efectividad de esta medida dependerá de la voluntad política para su implementación y supervisión, así como de la colaboración entre el gobierno, las instituciones pertinentes y los actores clave en el sector alimentario. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo podremos garantizar que esta iniciativa se traduzca en beneficios tangibles para la salud y el bienestar de la población dominicana.
Además, sería oportuno considerar la promoción de la salud como un aspecto fundamental. No solo se trata de informar sobre el contenido calórico de los alimentos, sino de fomentar un cambio cultural que priorice la salud en todas las decisiones relacionadas con la alimentación. Esto incluye no solo la venta de alimentos en establecimientos, sino también la educación sobre nutrición en los supermercados y en los hogares, para que cada individuo pueda tomar el control de su bienestar de manera proactiva.
